El secretario general de la Sección Sindical Estatal de UGT FICA, Manuel Jaramillo, apoyado por Pedro Hojas, ha intervenido en la junta de Accionistas para denunciar la situación de la que fuera "joya de la corona" y exigir un proyecto global de futuro que permita la viabilidad y estabilidad de la empresa y que suponga estabilidad en el empleo
La huelga general convocada en Endesa por UGT FICA, sindicato mayoritario, y el resto de organización sindicales ha sido un éxito. Los trabajadores y trabajadoras de Endesa han dicho un rotundo !BASTA! al expolio que está sufriendo Endesa por parte de la italiana Enel, a la que ha convertido en una empresa limitada al ámbito geográfico de España y Portugal, siguiendo una estrategia de desmantelamiento y descapitalización de la compañía.
Coincidiendo con la huelga, más de dos mil trabajadores de Endesa en activo, prejubilados y jubilados llegados desde todos los puntos de España se han dado cita hoy en Madrid frente al hotel Marriot Auditorium, donde se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los trabajadores y las trabajadoras de Endesa han recorrido centenares de kilómetros en coche y en autobús para decirles a los máximos dirigentes de Enel y de Endesa que basta ya de seguir expoliando a la empresa y que van a seguir luchando por un convenio colectivo digno.
A la concentración han acudido para apoyar a los trabajadores el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas; el secretario general de UGT FICA Madrid, Mariano Hoya; el secretario sectorial Energético, Andrés Muñoz, y el secretario general de la Sección Sindical Estatal de UGT FICA, Manuel Jaramillo, entre otros dirigentes de la Federación.
Ha sido precisamente Manuel Jaramillo el encargado de intervenir en la Junta de Accionistas para denunciar la ausencia de un proyecto global de futuro para Endesa que permita la viabilidad y estabilidad de la empresa y que suponga estabilidad en el empleo, además de la supresión unilateral de los beneficios sociales de los trabajadores, y la ausencia de un plan de reindustrialización para las comarcas afectadas por los anunciados cierres de centrales debido a la transición energética.
Dar visibilidad al "caso Endesa"
Manuel Jaramillo ha querido hacer visible ante la opinión pública las consecuencias negativas de la gestión de Enel en Endesa, una gestión que comenzó en 2006 con el proceso de OPAs que acabó con la toma de control de Endesa por parte de la empresa pública italiana Enel. Para Jaramillo es necesario dar un giro de 180 grados en la gestión de Endesa para convertirla en protagonista del proceso de transición energética y palanca de la reindustrialización de España, aunando los esfuerzos de trabajadores, consumidores e inversores.
Tanto en su condición de empresa pública como después de su privatización a finales de los noventa, Endesa venía siendo una compañía de vital importancia para la economía española por su papel de garantía en el suministro energético español y también por su pujante presencia internacional en Latinoamérica. Sin embargo, desde la adquisición de Endesa y su entrega a ENEL, compañía con el 23% de capital público italiano, sus inversiones han disminuido drásticamente, el tamaño de la compañía se ha reducido a la mitad y ha vendido todos sus negocios en el exterior, concentrando todos los riesgos en España.
Estos hechos han sido denunciados en reiteradas ocasiones por los representantes sindicales por tratarse de un claro ejemplo de “expolio” de un estado extranjero a una compañía estratégica española. En este sentido, hemos subrayado diversos aspectos en los que Endesa está demostrando una debilidad notable debido factores como el troceamiento de la compañía, el reparto del 100% del beneficio en dividendos y el recorte de salarios, personal y derechos laborales que plantea la empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo. Enel busca en los más de 20.000 trabajadores activos y pasivos una fuente para extraer más rentas y dirigirla hacia Italia, empobreciendo a la estructura de la empresa y tomando decisiones sin tener en cuenta los más elementales principios de seguridad jurídica y respeto a lo pactado en el pasado.
Revertir el proceso de recorte derechos y descapitalización
Jaramillo se ha mostrado convencido de que una reversión de este proceso de recorte de derechos y descapitalización, junto a un plan de inversiones y relocalización en España de proveedores y modernización de las redes de distribución, colocaría a Endesa en una posición adecuada para liderar el proceso de transición energética y ser una palanca de defensa de un nuevo modelo industrial para España. Pero para ello, es necesario contrarrestar la influencia del Estado Italiano a través de Enel, ya que utiliza a las empresas públicas como vía para sanear su Deuda Pública, que es de las más altas de la Unión Europea y como mecanismo de repatriación de capitales.
Por eso, no sólo ha realizado operaciones vinculadas de venta troceando a Endesa (como fue la venta en 2014 de todos sus activos latinoamericanos), sino incluso antes de esa fecha, con la decisión de repartir todo el beneficio en dividendos, recurriendo al endeudamiento para financiar dicho reparto (por cierto, endeudándose con el propio Grupo Enel, concediendo la filial financiera de Enel el préstamo a Endesa para llevar a cabo el pago de los dividendos) y, por si fuera poco, exprimir la estructura de costes e ingresos para repatriar más dinero a Italia a pesar de una fuerte y continuada caída de los flujos de caja a costa de los consumidores (cada año Endesa cobra más de 1.300 millones de euros del presupuesto público de subvención para producir en las Islas, y estos van íntegramente a Enel) y de los trabajadores que pueden perder muchos de sus derechos laborales (tanto los activos como los jubilados).
En consecuencia, Enel ha privado a Endesa de una capacidad de autofinanciación que le permita afrontar las inversiones necesarias en un marco de transición energética. Y, lo que es peor, condena a Endesa a tener, con respecto a su sector, un mayor peso en fuentes tradicionales de generación (el 42,5% es nuclear y el 35,87% es carbón) y con poco margen de maniobra para incrementar la generación renovable, donde su peso con datos definitivos de 2018 es marginal. ¿Cómo va a ser Endesa un actor relevante en la des-carbonización de la economía si no tiene dinero ni posibilidad de reconvertir su mix energético en los plazos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima?
Privatizaciones de empresas
Ha recordado que en el proceso de privatizaciones de las grandes empresas pública, iniciado por gobiernos anteriores, el cumplimiento de las exigencias de nuestra entrada en el Euro se realizó sin diseñar una política de anclaje, al menos, de las grandes compañías que, por su peso en la economía y por la naturaleza de los servicios que prestan, denominamos estratégicas. La salida a Bolsa de las mismas no se acompañó de la identificación de accionistas de referencia, -el caso contrario fue el anclaje de IBERIA en Caja Madrid- que permitieran frenar maniobras puramente especulativas, como terminó siendo –tal y como hemos visto- el caso Endesa.
Por otro lado, los Gobiernos, pese a que las empresas estuvieran privatizadas, jugaron a sus intereses de partido más que a los intereses del país, diseñando operaciones para la toma de control de las compañías desde intereses más o menos explícitos con una falsa idea de reordenación de las élites políticas que terminaron hundiendo la reputación de las compañías y de muchos de los que intentaron abordarlas. Concretamente, en Endesa se acabó en el peor de los escenarios: la influencia de un Estado extranjero en algo tan importante como la política energética nacional.
¿Cómo preservar el tejido empresarial en sectores estratégicos?
¿Qué puede hacerse desde una política pública que quiera preservar el tejido empresarial en sectores estratégicos, reforzar el peso de nuestras multinacionales en el mundo, garantizar que las mismas interactúan estratégicamente con el país contribuyendo a su desarrollo, y finalmente evitar que el “modelo Enel” pueda repetirse o incluso que pueda revertirse? En primer lugar, enmarcar las empresas dentro de su legislación sectorial y reclamar el cumplimiento de la normativa sobre consumidores y trabajadores que sea exigible.
En segundo lugar, estar atentos a las posiciones de los grandes fondos de inversión y compañías competidoras en manos de estados extranjeros, para controlar los procesos de desembarco que obedezcan a movimientos puramente especulativos y supongan una destrucción de nuestro tejido empresarial. El europeísmo de los españoles ha llevado en numerosas ocasiones a poner las privatizaciones por delante del interés general, sin mirar a lo que otros países de nuestro entorno hacen con sus empresas estratégicas en términos de participación accionarial pública, control de los movimientos especulativos o barreras de entrada más o menos explícitas que preserven sus intereses en sectores estratégicos.
Por último, hacer un uso moderno, flexible y dinámico de la “acción de oro” que estados como el italiano o el portugués usan con frecuencia a la hora de blindar sus sectores estratégicos.
En suma, más allá de las exigencias a las empresas para que desarrollen políticas de inversión o RSC, es necesario exigirles que acompañen al país en sus retos estratégicos mediante políticas públicas independientes y alejadas de los intereses espurios de fondos buitre, compañías estatales extranjeras o actores que puedan perjudicar los intereses de España como país. Se trata, en definitiva, de evitar en el futuro un nuevo “caso Endesa” y las consecuencias negativas que está teniendo para nuestro país.
