En la mañana del pasado 6 de noviembre, una delegación de la federación de Servicios para la movilidad y el Consumo de UGT, se reunió con la subdirectora general de la Inspección de Transporte Terrestre –dependiente del Ministerio de Fomento– para trasladarle la preocupación de este sindicato ante la contratación irregular y fraudulenta de conductores profesionales de nacionalidad española en Bulgaria y Hungría para realizar servicios de transporte en España, moviendo mercancías entre destinos del territorio nacional realizados por empresas radicadas en los citados países.
En opinión de UGT, estas prácticas incumplen el Tratado de Roma –los trabajadores deben ser contratados donde trabajan y residen–, la directiva de tiempos de trabajo de la Unión Europea, la normativa nacional y comunitaria que afecta al sector del transporte por carretera y las obligaciones con la Seguridad Social.
Para corroborar lo expuesto, UGT ha entregado a la Subdirección de la Inspección de Transporte Terrestre un dossier con numerosos datos y argumentos jurídicos en la idea de que la Administración pueda contrastarlos y adoptar las medidas oportunas, a lo que ésta se ha comprometido en caso de que se confirmen tales prácticas ilegales.
