La
reforma de la Administración Local del Gobierno obedece a criterios económicos
e ideológicos, no sociales
UGT califica la reforma de la
Administración Local del Gobierno, aprobada hoy en el Consejo de Ministros,
como inconstitucional, innecesaria tal y como está diseñada, injusta y no
consensuada; supondrá la eliminación de un gran número de servicios a la
ciudadanía y la destrucción de miles de puestos de trabajo. El sindicato
considera que, más allá del criterio económico, en la reforma prima un
componente ideológico que apuesta por la recentralización. Esta reforma
provocará que los ciudadanos de muchos municipios tengan menos servicios, más
caros y de peor calidad, en un momento en el que la tasa de pobreza en nuestro
país supera ya el 21% y el desempleo el 26%; puede ser un primer paso para la
privatización de determinados servicios, pone en peligro la cohesión social y
territorial, e invade las competencias de las Comunidades Autónomas. UGT hace
un llamamiento al Gobierno para que rectifique y busque el necesario consenso
político y social.
La
reforma de la Administración Local del Gobierno va a perjudicar a cientos de
miles de ciudadanos que viven en localidades pequeñas; principalmente del
ámbito rural, culpabiliza a los ayuntamientos (cuando la deuda de las
administraciones locales solo representa un 4,5% del total), es
inconstitucional (vulnera la autonomía local reconocida en el artículo 140 de
la Constitución Española y la Carta Europea de la Autonomía Local) y choca
frontalmente con varios Estatutos de Autonomía, como el de Euskadi, Galicia,
País Valenciano, Cataluña, Extremadura y Aragón, que recogen explícitamente la
competencia exclusiva en régimen local.
Esta
reforma, que ha sido criticada por el Consejo de Estado, tendrá consecuencias
de gran impacto social en el corto, medio y largo plazo porque afecta a los
servicios que los ciudadanos reciben de primera mano por parte de los
Ayuntamientos y otras entidades locales.
Supondrá
la eliminación de servicios públicos municipales tales como los relacionados
con la atención a personas en situación de necesidad social, dependencia,
personas con discapacidad o desempleados sin subsidio. También desaparecerán
servicios de salud municipal, paralizándose algunos programas de desarrollo de
salud pública que los Ayuntamientos estaban llevando a cabo como la atención a
personas mayores, a personas drogodependientes, apoyo a asociaciones de
enfermos y servicios educativos como las escuelas para adultos, la educación
infantil de 0 a 3 años o escuelas de danza, teatro y música, siendo la
Comunidad Autónoma la competente en estas cuestiones y quien decidirá qué
servicios se van a mantener y en qué municipios.
Esta
reforma ataca, además, el principio de igualdad porque pretende suprimir las
competencias de los Ayuntamientos en esta materia. Se va a impedir que los
Ayuntamientos lleven a cabo programas como por ejemplo los de atención a
víctimas de violencia de género o los que promueven la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. En algunos ayuntamientos también se eliminarán los servicios
de orientación laboral y de formación para el empleo cuando son más necesarios
que nunca.
El
concepto de “coste estándar de los servicios”, a pesar de que parece haber sido
matizado, siguiendo la línea del informe del Consejo de Estado, sigue siendo un
elemento distorsionador en la reforma, que tiende a la privatización.
Esta
reforma supondrá nuevos despidos en el sector público, completando así el
efecto devastador de la reforma laboral impuesta por el Gobierno que ya en su
disposición adicional segunda autoriza a las Administraciones Públicas para
poner en práctica los despidos objetivos, por causas técnicas, organizativas,
económicas o de producción (sólo en el último año se han perdido más de 100.000
puestos de trabajo en el sector público).
Por
todo ello, UGT pondrá
en marcha una campaña para dar a conocer las consecuencias de esta reforma.
