Los
datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral, que son plenamente coherentes con
los que ha venido registrando la Encuesta Trimestral, ponen de relieve el
fortísimo impacto que ha tenido la reforma laboral del gobierno del PP en los
salarios de los trabajadores. La reforma no ha servido para crear o frenar la
destrucción de empleo. Todos sabíamos que no sería así, puesto que facilitando
el despido en época de recesión solo puede aumentar el número de despidos. Los
datos son elocuentes: 673.000 empleos asalariados menos en el último año, 2 de
cada 3 de ellos indefinidos, y una mayor precariedad que se refleja en todos
los indicadores. Pero es que no era ese su objetivo real, sino el que reflejan
los indicadores salariales, a pesar de que no estuviera entre sus objetivos
declarados: para inducir una intensa devaluación salarial, haciendo cargar el
peso del ajuste sobre los trabajadores y preservando del mismo a los
perceptores de otras rentas, a quienes más tienen. Cargar, en definitiva, el
peso del ajuste sobre los asalariados y pequeños autónomos.
En
2012 el coste laboral ha caído un 0,8%. Es decir, que a las empresas les cuesta
un 0,8% menos producir. Sin embargo, los precios no se han reducido, como
cabría esperar si las empresas hubieran trasladado la rebaja salarial a los
precios de sus productos, para hacerlos competitivos. El IPC ha aumentado en
2012 un 2,4%. Es decir, que mientras a los empresarios cada vez les cuesta
menos producir, a costa de las retribuciones de los asalariados y de sus
condiciones laborales, cada vez venden más caro. ¿Dónde está el beneficio para
nuestra competitividad que preconiza la teoría de la devaluación salarial?
La
Encuesta Anual de Coste Laboral ofrece también otros resultados en este sentido
que merecen destacarse. De un lado, los costes de indemnización por despido han
caído un 12% en 2012, lo que viene a reafirmar el efecto esperado por la
reforma laboral, al abaratar y facilitar dicho coste. De otro, un 11,2% de los
trabajadores han visto modificadas las condiciones de convenio, en lo que
supone otro efecto de la reforma, que otorga en último término al empresario la
potestad para disponer unilateralmente de las condiciones pactadas libremente
en los convenios. Todo ello refleja un importante aumento de la inestabilidad y
precariedad laboral. Caminamos hacia un mercado laboral con menos empleo y de
peor calidad, lo que supondrá una economía con menos capacidad de generar
riqueza y menos competitiva en el medio y largo plazo. Porque la competencia
vía costes laborales tiene un recorrido muy corto y estrecho.
Desde
2010, año que comenzaron los drásticos recortes u la austeridad extrema, los
costes laborales en términos reales, un vez descontada la inflación, han caído
un 6,3%. Como consecuencia, se está produciendo un cambio estructural en la
distribución de la renta en España: el peso de las rentas del trabajo en el
total del PIB cae continuamente, mientras que los excedentes de las empresas y
las rentas mixtas han crecido hasta alcanzar niveles máximos. Por eso desde el
cuarto trimestre de 2012 suponen una porción mayor que la remuneración de
asalariados (46,3% frente a 44,7%), una situación anómala y excepcional en el
contexto europeo.
En
definitiva, los datos del coste salarial reafirman el pernicioso impacto que
está teniendo la reforma laboral impuesta por el del PP en 2012, así como de
las políticas económicas y laborales puestas en marcha desde 2010 y, con mayor
intensidad, desde finales de 2011, con la llegada al poder del Partido Popular
y la imposición de un programa máximo de recortes y contrarreformas. Una
estrategia que solo está logrando más paro, más pobreza y mayores
desigualdades, y que desde UGT exigimos que se cambie para dar prioridad a la
reactivación de la actividad y a la creación de empleo.
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