El secretario
de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, ha resaltado que aunque la Ley de
transparencia no es la solución a todos los problemas que presenta nuestra
democracia, “sí puede ser una buena aportación y el inicio de un proceso que
permita restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones”. En este
sentido, se ha referido a la necesidad de incorporar, al menos, algunas
reformas en ámbitos como “la ley de partidos políticos, la ley electoral, una
regulación de los referéndums que vinculen y permita que la democracia no
consista solo en votar cada cuatro años, cambios para que las Iniciativas
Legislativas Populares tengan un tratamiento más democrático, obligaciones en
relación al cumplimiento de los programas de los partidos que concurren a las
elecciones, impedir el abuso que se está produciendo en los Reales Decreto Ley
y abordar, para todo ello, si fuera necesario, una reforma constitucional”.
Monell -que ha hecho estas declaraciones
durante su comparecencia de hoy en la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados para hablar sobre “Los sindicatos ante la ley de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno”- ha resaltado la disposición
de UGT en
la elaboración de esta ley, la relevancia constitucional de los sindicatos y
“el desarrollo incompleto de la regulación de algunas de las tareas que tenemos
encomendadas”. Por eso, ha apuntado a que “esta ley podría incorporar una
disposición adicional que contuviera un mandado al Gobierno para desarrollar
los aspectos de participación institucional, dentro de una ley marco”.
Monell ha trasladado las consideraciones de UGT para
mejorar el proyecto de ley, y ha reclamado, entre ellas, una ampliación de la
norma, de tal forma que afecte a todas las administraciones y entidades
públicas y a todas aquellas otras que perciben fondos públicos o que contraten
con las administraciones o gestionen servicios públicos. Así, debe afectar,
igualmente, a las Altas Instituciones del Estado (Corona, Congreso de los
Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del
Pueblo); a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a las
instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del
Pueblo y, también, al Consejo del Poder Judicial.