El
Gobierno debe parar ya la ejecución de los desahucios.
UGT reclama que el Gobierno convoque con
carácter urgente un Consejo de Ministros con el fin de parar de forma
inmediata los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. El sindicato considera
que en la reunión de hoy entre Gobierno y PSOE se deberían acordar medidas
dirigidas a esta paralización de todos los desahucios, la constitución de un
parque de viviendas públicas en alquiler social que garantice que ninguna familia
se quede sin vivienda tras ser desahuciada y la modificación del ordenamiento
jurídico en esta materia, con el fin de evitar la aplicación de cláusulas
abusivas y garantizar la defensa de los derechos de los consumidores. El
sindicato demanda al Gobierno la convocatoria inmediata de la Mesa de Diálogo
Social en esta materia, con el fin de informar a los interlocutores sociales de
las medidas acordadas en esta reunión y poder solucionar este problema tan
grave que se acrecienta mes a mes.
UGT reclama la convocatoria urgente de un
Consejo de Ministros para que el Gobierno articule un real decreto-ley que
frene de forma inmediata las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
El
sindicato exige que el Gobierno y el PSOE acuerden hoy medidas dirigidas a esta
paralización de todos los desahucios, incluidos los que estén en curso,
mientras se modifica el actual ordenamiento jurídico hipotecario; la
constitución, junto con los inmuebles tóxicos del Sareb, de un parque de
viviendas públicas en alquiler social que garantice que ninguna familia que se
haya quedado sin vivienda a consecuencia de una ejecución hipotecaria se quede
en la calle; y la modificación profunda del ordenamiento jurídico, de manera
que se evite la aplicación de cláusulas abusivas y se garantice la defensa de
los derechos de los consumidores, permitiendo que los ciudadanos desahuciados
puedan rehacer su vida sin deudas.
UGT considera inútiles e insuficientes
las medidas que se han tomado desde el año 2010 en materia de ejecuciones
hipotecarias y desahucios, que se han aprobado poniendo más el ojo en los
intereses económicos de las entidades financieras que en el de los ciudadanos
afectados.
En
este sentido, el sindicato viene denunciando ante los distintos responsables de
la Administración el alarmante incremento de las ejecuciones hipotecarias y
los desahucios durante los últimos años y considera necesario conseguir
evitar las consecuencias negativas que la crisis está teniendo sobre el
derecho a una vivienda.
UGT demanda al Gobierno la convocatoria
de la Mesa de Diálogo Social en materia de Vivienda, con el fin de informar a
los interlocutores sociales de las medidas acordadas en esta reunión y que
podamos, entre todos, solucionar este problema tan grave que se acrecienta mes
a mes.
Ninguna
de estas medidas perjudicará la concesión de nuevos créditos a particulares o
a empresas, al menos más que las tomadas por las propias entidades
financieras, ya que el porcentaje de crédito dudoso de los particulares para
la adquisición de vivienda apenas llega al 2,8% del total de crédito
concedido, mientras que el de promotoras inmobiliarias y constructoras es del
27,4% y 23,9% respectivamente. De los más de 120.000 millones de créditos
dudosos, menos de 20.000 corresponden a particulares (menos del 10% del total),
el resto son de promotoras inmobiliarias y constructoras. Sin embargo, a ambas
se le ha sido condonada parte de la deuda por las entidades financieras y han
podido solventar sus deudas con la entrega de los inmuebles.
Además,
tampoco afectará a la dinámica de los mercados. Si la imagen que se quiere
dar frente a estos es la de un país en el que todos sus ciudadanos reman en la
misma dirección, ́la mejor manera de conseguirlo es que el Gobierno marque la
dirección que le estamos solicitando la mayoría de los vamos en el mismo
barco.
