La
evolución de los Estados democráticos en Europa a lo largo del siglo XX, y
especialmente tras la II Guerra Mundial, ha estado vinculada al desarrollo de
lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar Social, también conocido como
Modelo Social Europeo.
La
principal seña de identidad de este modelo es la respuesta a las necesidades
sociales por parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas
obligatorios de protección, entre los que destacan los sistemas de Seguridad
Social y Educación. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la
universalización de los derechos a toda la población, cuestión en la que el
movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En
estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los
servicios públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que
afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales,
los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros. Paralelamente, los
mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios
que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios
públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La
privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo,
deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados
públicos (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación
colectiva), quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen
en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es
más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios
públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión
social y en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la
dinamización de la economía.
En
la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de
recortes en los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al
empleo y a la calidad de los mismos. Recortes injustificados por cuanto se
producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios
que han sido externalizados. Así mientras se detraen importantes recursos de la
Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores/as, se
subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus
hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de
unidades concertadas. En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de
personal sanitario y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el
sistema, con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación,
mientras en el presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30% la partida que
financia los conciertos con entidades privadas. En las Universidades, los
continuos recortes están provocando que éstas tengan dificultades para
implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando
las condiciones laborales del personal Docente e Investigador y del Personal de
Administración y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá
garantizar el acceso a la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo
de toda su vida y en igualdad de oportunidades.
