Los sindicatos de clase llevamos muchos años reivindicando la necesidad de que el SMI se sitúe en una cuantía no inferior al 60% del salario medio del país, siguiendo los criterios de la Carta Social Europea suscrita por España. En 2021 el gobierno abrió un proceso de diálogo social encaminado a fijar una estrategia de aumentos plurianual hasta alcanzar esa cifra, apoyándose en las conclusiones del informe emitido por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, creada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras las negociaciones, el SMI se fijó en 965 euros al mes desde septiembre de 2021.
Pese al importante aumento global registrado de 2017 a 2021 (un 52,6%), el salario mínimo legal en España seguía siendo insuficiente teniendo en cuenta las capacidades económicas y productivas de nuestro país, las realidades del entorno europeo y las recomendaciones de la mencionada Carta Social Europea en términos de remuneración justa.
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