La flexibilidad para contratar y prescindir de los trabajadores ha sido la respuesta habitual ante las incertidumbres a las que se enfrentan las empresas. La prioridad se ha basado en el ajuste del empleo a la demanda, dejando fuera de escena la necesidad de protección y la estabilidad en el empleo.Los indicadores de la OCDE de protección al empleo, cuya serie comienza en 1985 y ha quedado recientemente actualizada para 2019, así lo evidencian. En sus tres vertientes de medición (regulación de despidos individuales, de despidos colectivos, y de empleo temporal) la tendencia es unísona hacia una flexibilización de la normativa para facilitar el ajuste de las empresas a la demanda.El caso de España constata que dicha desregulación no ha logrado crear más empleo per se, ni se han reducido los niveles de temporalidad en la contratación.
La dualidad sigue estando definida por un mercado laboral con alta preferencia por los contratos de duración determinada. A pesar de que en España es elevado el índice de protección que limita la contratación temporal, lo que al tiempo -de manera indirecta-incentiva la indefinida, la extendida cultura de la temporalidad en los sectores privado y público, junto al fraude en la contratación, certifican que el nivel de cumplimiento de la normativa es limitado. Aquí se halla la causa de la dualidad de nuestro mercado laboral, cuya solución normativa se encuentra en un mayor esfuerzo por parte de las autoridades laborales de controlar la justificación del usode contratos temporales.En un país como el nuestro, rebajar los niveles de protección del empleo tendría un impacto negativo al elevar, aún más, la temporalidad de la contratación, incentivando una menor estabilidad y calidad del empleo, que iría desplazando el trabajo decente en el tiempo.
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