La empresa, en el marco de un procedimiento concursal, aprueba un despido colectivo con la representación de los trabajadores y suscrito por la administración concursal. Por medio de auto se aceptó el acuerdo, aprobando las indemnizaciones correspondientes.
Dos de los trabajadores afectados por el despido colectivo se encuentran en situación de excedencia voluntaria aceptada por la empresa y con efectos desde 8 meses anteriores al inicio del proceso de extinción colectiva de contratos y por un periodo total de 12 meses.
A los pocos días de ser efectiva su situación de excedencia, los trabajadores comenzaron a desarrollar su actividad para otras empresas sin que recaiga en ellos pacto alguno de no concurrencia desleal ni esto contraviniera ningún texto legal o acuerdo.
El inicio del procedimiento se produce a raíz de una demanda presentada por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) contra la empresa y los trabajadores afectados y en situación de excedencia. Dicha sentencia deniega el derecho de indemnización de los trabajadores.
La parte recurrente argumenta que la reserva de puesto de trabajo no fue negada en ningún momento por la empresa ni fue puesta en duda por la administración concursal. Además, se encontraba apenas en el octavo mes de excedencia, es decir, aún dentro del límite máximo al que se refiere el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores. El TSJ de Andalucía recuerda que la doctrina asentada por el Tribunal Supremo sobre la procedencia o no de la indemnización por despido colectivo a trabajadores en situación de excedencia voluntaria es negativa en este sentido. Es decir, ha venido a denegar el derecho de indemnización por despido colectivo a los que se encuentran en excedencia voluntaria.
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