Por
un pacto de Estado por el crecimiento, el empleo y la protección social
Los
datos de Contabilidad Nacional, relativos al primer trimestre del año, vuelven
a certificar los efectos demoledores de las políticas de recorte y ajuste, a
ultranza, que defiende la Comisión Europea y que ha guiado la política
económica del Gobierno español. Un Gobierno que debe pasar de las palabras a los
hechos, y buscar los consensos necesarios en el ámbito nacional y europeo para
exigir políticas de crecimiento y en favor del empleo. Para ello, hay que
defender y aplicar planes de inversión, acelerar la lucha contra el fraude
fiscal, establecer mecanismos que no mermen, sino que garanticen la protección
a las personas, y medidas eficaces para que el crédito fluya a familias y
empresas. En el ámbito nacional es necesario, además, corregir en profundidad
los tremendos errores como la reforma laboral o la política indiscriminada de
recortes y privatización, que ponen en grave riesgo nuestro Estado de bienestar
y nos abocan a más pobreza y más desigualdad social.
PRINCIPALES DATOS
La
recesión se profundiza: el PIB en términos anuales cae un 2%, una décima más
que en el trimestre anterior. Es el peor dato desde el cuarto trimestre de 2009
(cuando caía un 3,1%).
Son
seis trimestres consecutivos empeorando la evolución de la actividad, desde el
tercer trimestre de 2011.
Se
agudiza la caída del consumo total (pasa de -3,3% a -4%), sobre todo por el
descenso del realizado por los hogares (de -3% a -3,9%), aunque también
contribuye la evolución del consumo público (de -4,1% a -4,3%). Es el síntoma
más evidente de una economía en depresión.
La
inversión modera algo más de un punto su desplome, pero mantiene una evolución
muy negativa (pasa de -10,3% a -9%).
En
conjunto, la demanda nacional resta ya 4,9 puntos porcentuales al crecimiento,
mientras que la externa aporta 2,9 puntos. Este balance es incompatible con la
recuperación económica, que debe implicar una aportación favorable de la
demanda interna. Solo con la mejora del sector exterior no saldremos de la
crisis. Y menos si la positiva contribución del sector exterior se debe más a
que caen las importaciones (-5,1%) que al aumento de las exportaciones (4,5%).
Es decir, es sino otro signo de depresión económica.
Por
el lado de la oferta, la caída de la actividad del sector servicios, el de más
peso sobre el PIB, no ha tocado fondo (pasa de -1,2% a -1,3%); se modera el
descenso de la construcción, aunque sigue siendo muy intenso (de -8,5% a
-6,3%); y, sobre todo, en este trimestre se aprecia el derrumbe de la actividad
industrial (de -2,4% a -3,9%), en lo que supone un síntoma muy preocupante de
descapitalización de nuestra economía. Ni siquiera el sector primario mantiene
un ritmo notable de crecimiento, que ya es solo del 0,6% anual.
El
empleo modera dos décima su ritmo de caída anual, pero sigue siendo muy intenso
(pasa de -4,7% a -4,5%). Esto supone una caída de 761.000 empleos en el último
año. Los asalariados caen incluso más, al 5,4%, lo que supone una destrucción
de 778.000 empleos por cuenta ajena. Este es el resultado en materia de empleo
en el primer año de aplicación de la reforma laboral del Gobierno.
Persiste
una fuerte devaluación salarial: la remuneración total de los asalariados cae a
un ritmo del 6% anual y los costes laborales unitarios un 3,2%, mientras el
excedente de las empresas crece al 2,6%, y los impuestos suben un 5,4%.
VALORACIÓN
Los
datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre del año ponen
de manifiesto que no hay razones para el optimismo, que los mensajes
supuestamente tranquilizadores del Gobierno son injustificados, y que solo
buscan ganar tiempo, justo aquello que se le ha agotado a la ciudadanía: tiempo
y capacidad de resistencia. Estamos en una situación límite, con unos niveles
de desempleo desorbitados, una desigualdad económica y social impropia de un
país desarrollado y una erosión de los sistemas de protección social que
amenaza la pervivencia del Estado de bienestar, institución clave del modelo
social europeo, y sin el cual se pone en riesgo no solo la anhelada
construcción europea, sino nuestro modelo de convivencia.
Ya
no hay duda del impacto negativo de las políticas restrictivas, de los ajustes,
recortes y reformas regresivas sobre el crecimiento, el empleo y la calidad de
vida. Cada vez son más quienes así piensan, expertos y analistas que lo dicen
abiertamente. Las políticas desarrolladas desde mayo de 2010 han sido erróneas,
y nos han hundido más en el pozo de la recesión. Es algo evidente en el
conjunto de la zona euro, pero sobre todo visible en los países en los que se
están aplicando programas de ajuste más intensos, y entre ellos España. Un
error fatal que dura ya tres años.
En
este contexto, la reforma laboral acometida por el gobierno en 2012 solo ha
servido para acelerar la destrucción de empleo e inducir una profunda
devaluación salarial, que alimenta la propia depresión económica y genera más
desigualdad económica y social.
La
evidencia empírica de todo ello es tristemente demoledora: tenemos más
recesión, 6,2 millones de personas en situación de desempleo, 1,9 millones de
hogares con todos sus miembros en paro, 3 millones de personas en situación de
pobreza extrema,… Son cifras que no admiten réplica ni excusas.
Ayer
mismo la OCDE hizo públicas sus nuevas previsiones, y en ellas estima que la
tasa de paro en España cerrará 2013 en el 28%, que se mantendrá en ese nivel de
media en 2014, y que el déficit público concluirá este año en el 6,9%, apenas
una décima menos que en 2012, sin tener en cuenta las ayudas a la banca.
¿Qué
más hace falta para que los responsables de la política europea y española
rectifiquen sus recetas y medidas?
Es
cierto que se ha suavizado el discurso de la austeridad a ultranza, y que las
recientes noticias que refieren el acuerdo entre Alemania, Francia, Italia y
España para poner en marcha de una vez medidas para combatir el paro juvenil
que ya estaban aprobadas en su mayoría, pero que estaban paralizadas hasta el
momento, suponen un paso en el buen camino. Al igual que la relajación de los
criterios exigidos a España en materia de déficit para 2013 por parte de la
Comisión. Bienvenidos sean estos avances. Pero resultan muy insuficientes. Se
precisa un cambio mucho mayor en las políticas también a nivel nacional.
Hasta
ahora, los gestos y declaraciones que realizan algunos responsables de la
Comisión, el FMI o el propio Gobierno español, requiriendo poner el acento más
en la reactivación, se compadecen mal con sus paralelas peticiones para aplicar
nuevos recortes o acelerar los que ya se han aplicado, y que tan perniciosos
efectos están teniendo. Parecen responder más a una escenificación ensayada que
al convencimiento de la necesidad de cambio.
Porque
lo cierto es que no se ponen en marcha planes de inversión con financiación
europea para dinamizar la actividad, no se acelera la lucha contra el fraude
fiscal y contra la evasión vía paraísos fiscales y no se establecen mecanismos
para que el crédito fluya de una vez a las pymes. Pero, sin embargo, se insiste
en reformar el sistema de pensiones para rebajar las cuantías percibidas, se
recetan nuevas subidas del IVA, se recrudecen las invectivas para reformar por
enésima vez el mercado laboral y recortar más derechos y se apremia para
reducir el empleo de las administraciones públicas.
UGT ha entregado al Presidente del Gobierno el pasado día 16 de mayo un
documento con propuestas para promover un gran consenso social y político, con
medidas para superar de manera más rápida y equilibrada la situación de crisis
actual, y recuperar cuanto antes niveles aceptables de empleo y protección
social. Es lo que venimos haciendo desde el inicio de la crisis: ofrecer
propuestas realistas, que compatibilizan el necesario saneamiento de las
cuentas públicas con el impulso a la actividad y al empleo, y el mantenimiento
de nuestro sistema de protección social y de servicios públicos básicos.
Nuestra
propuesta pasa por llevar a cabo actuaciones tanto en el ámbito europeo como
nacional. En el primer caso, financiando grandes inversiones impulsoras de la
reactivación, intensificando la lucha contra el fraude fiscal, actuando para
reducir los costes de financiación de todos los países y reforzando la
dimensión social de Europa, entre otras cuestiones. En el segundo nivel, el
nacional, promoviendo un gran acuerdo por el empleo y la cohesión social de
2013 a 2016, con medidas para recuperar el crédito de empresas y hogares,
elevar los ingresos públicos, garantizar una mayor eficiencia del gasto
público, implementar planes selectivos de inversión, reforzar la negociación
colectiva, moderar los precios de los productos básicos, potenciar las
políticas activas de empleo, reforzar los mecanismos de protección social y
preservar nuestro sistema público de pensiones.
Corresponde
ahora al Gobierno dar los pasos necesarios para traducir en hechos y medidas
reales su expresada voluntad de poner en el centro de las políticas la
reactivación y el empleo. Es lo que está esperando la sociedad española.
