España
lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014
para alcanzar la igualdad salarial, a pesar de que la desregulación del mercado
laboral ha producido que las mujeres dupliquemos la pérdida de poder
adquisitivo con respecto a los hombres. Tanto hombres como mujeres nos hemos
visto afectados por las políticas que se han adoptado -supuestamente- para
salir de la crisis pero, tal y como estamos viendo, están dado como resultado
una bajada generalizada de salarios y un mayor empobrecimiento, sobre todo, de
las trabajadoras. Las mujeres que ya sufríamos una situación de partida en
desventaja, lo sufrimos en mayor medida, sin que las Administraciones tomen
cartas en el asunto, a pesar de que somos la mitad de la población. La feminización
de la pobreza es un fenómeno que va en aumento. Las mujeres no participan en la
misma medida que los hombres del reparto de la riqueza y por tanto del
bienestar y lejos de conseguir reducir las diferencias el problema se agrava y
se prolonga en el tiempo. La brecha salarial no hace más que incrementarse y en
los sectores en que es menor, no es porque las mujeres tengan una mejora
salarial, sino porque los hombres han sufrido un empeoramiento en sus
condiciones laborales. La discriminación salarial entre mujeres y hombres la
encontramos en todos los sectores de actividad, incluso en las Administraciones
Públicas. Esto hace evidente, independientemente del grado de formación, de las
cualificaciones o del sector en el que presten sus servicios, que el trabajo de
las mujeres, está infravalorado antes incluso de demostrar sus aptitudes. Las
diferencias en sueldos y reconocimiento a las trabajadoras persisten en todo el
mundo, y España, no es una excepción. Al ritmo actual, las brechas (en plural)
tardarán más de 100 años en cerrarse. Las mujeres seguimos estando
mayoritariamente en trabajos peor remunerados y asumimos con más frecuencia un
recorte de nuestra jornada para poder conciliar. Hay países que han abierto
camino para acabar con esta desigualdad. En Alemania, donde el ingreso bruto
por hora trabajada es un 22% menos para las mujeres, una nueva ley obliga desde
enero a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus
compañeros hombres con un trabajo similar. En Reino Unido, las empresas a
partir de de 250 empleados deben publicar por primera vez su brecha salarial
antes de abril. Islandia ha ido más lejos, con auditorias obligatorias en
empresas de más de 25 trabajadores/as. Si un hombre y una mujer reciben una
retribución diferente para el mismo trabajo, la empresa donde ocurra se
enfrentará a sanciones económicas. Es indudable que ambos han abierto un camino
que desde la UGT estamos reclamando para España desde hace muchos años y que el
Gobierno se niega a adoptar, porque prefiere dejar en manos de las empresas,
que se cumpla el imperativo de igual sueldo por trabajo de igual valor. Ni
siquiera ha hecho caso del requerimiento parlamentario que lo instó en febrero
del pasado año a promover una ley de igualdad salarial, tal y como reclama UGT,
como fórmula para obligar a las empresas a cumplir dicha norma, como ya sucede
en Islandia. El Gobierno del PP, sin embargo, no prevé un texto específico
propio. La reticencia a aplicar medidas de equiparación salarial y no
discriminación ha provocado que las mujeres hayamos regalado, el pasado año, 54
días de nuestro sueldo a las empresas porque, en esa cifra, se encierra la
diferencia salarial media que existe entre mujeres y hombres en 2017. Si bien
es necesario realizar una intensa labor en la negociación colectiva en la lucha
por la igualdad retributiva, desde UGT consideramos que es imprescindible y
urgente una ley que ponga las cosas en su sitio y que obligue a cumplir el
mandato constitucional de garantía de igualdad y no discriminación contenido en
los artículos 9 y 14 de la Carta Magna. No podemos consentir la infravaloración
del trabajo de las mujeres, que provoca situaciones de discriminación, bajos
salarios y unas condiciones de trabajo y de vida más precarias, ya que estas situaciones
están dificultando la posibilidad de alcanzar la libertad,independencia
económica y una mayor participación social, política e institucional de un gran
número de mujeres. Erradicar la brecha salarial requiere normas acertadas,
eficaces y dialogadas, que nos sitúen en el camino que parece que se está
empezando a trazar en parte de Europa, al menos, en países como en Islandia.
