UGT considera que la propuesta del
ministro de Justicia recorta las libertades y recuerda que los sindicatos
cumplen las leyes, nada les exonera
Ante
la respuesta del ministro de Justicia a una interpelación en el Congreso de los
Diputados, por la que anuncia que “partidos y sindicatos podrán ser condenados
penalmente”. UGT
manifiesta que:
1.
El marco legal vigente regula perfectamente el régimen de responsabilidades de
los sindicatos. No hay lagunas de ningún tipo. Está recogido básicamente en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical. Es una ley de 1985 que desarrolla el derecho
constitucional de la libertad sindical y que establece la regulación aplicable
a entidades de relevancia constitucional como son los sindicatos: instituciones
básicas del Estado Social y de Derecho. No hay nada de excepcional en ello, ni
supone ningún privilegio. No habría democracia sin sindicatos libres. A
sindicatos y organizaciones de empresarios les corresponde, conforme al
artículo 7 de la Constitución, la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios. Pero los comentarios del Sr.
Gallardón se restringen a los sindicatos omitiendo toda referencia a las
organizaciones patronales, lo cual es muy significativo.
2.
La reforma anunciada por el titular del Ministerio de Justicia tiene por
finalidad incidir sobre las acciones de protesta y oposición a las políticas
públicas del Gobierno del Partido Popular, en la medida que éstas se
desarrollan a través del ejercicio de los derechos constitucionales de huelga,
reunión y manifestación, y a la vista del notable incremento del descontento
ciudadano. El Gobierno sabe que los sindicatos lideran junto a otras muchas
organizaciones y entidades ciudadanas de la sociedad española la contestación a
sus políticas, y podría tener la intención de dificultar estas acciones.
3.
Tenemos algunas pistas significativas. Primero, ya escuchamos estas
pretensiones coincidiendo temporalmente con la anterior convocatoria de huelga
general contra la reforma laboral del Partido Popular, habiendo tratado además
de convertir el desarrollo pacífico de la huelga en un problema de orden
público. De otra parte, hemos sido testigos de la gravísima represión policial
ordenada por el Ministerio del Interior en el presente año, sin parangón en
toda la historia de la democracia, ante las acciones de protesta. Además, hemos
conocido la extensión de la responsabilidad sancionadora a los promotores de
manifestaciones a través de las redes sociales por actos aislados delictivos
realizados por personas o grupos. Se podría, por tanto, en el caso de
sindicatos y otras entidades ciudadanas, hacerles responsables penalmente, y en
particular a sus órganos directivos, por los delitos cometidos por individuos o
grupos aislados durante los actos de protesta, y para ello habría que reformar
el Código Penal, aunque tenga ello difícil encaje constitucional.
4.
El Gobierno y el Partido político que lo sustenta viene desarrollando una
pertinaz labor de deslegitimación del hecho sindical. Son reiteradas las
alusiones a inexistentes situaciones de privilegio, como aparece en la nota de
prensa del Ministerio de Justicia, que justificarían artificiosamente reformas
restrictivas de derechos. La modificación operada en el Código Penal a la que
alude el Sr. Ministro, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
vino a llenar en su día un vacío en las responsabilidades por delitos
económicos en el ámbito de las empresas que nada tiene que ver con el ejercicio
de los derechos de huelga, reunión y manifestación. Los sindicatos cumplen las
leyes y ni una sola norma les exonera de su cumplimiento, como sí ha permitido
el Gobierno con los presuntos defraudadores fiscales por ejemplo. El titular
del Ministerio ha hecho ante la opinión pública una injusta acusación contra
los representantes de los trabajadores (y a sus afiliados y trabajadores que
les apoyen), a los que se criminaliza sin razón, pues ninguno de ellos están o
han estado por encima o al margen de las leyes ni lo han pretendido nunca.
5.
Con medidas como la anunciada por el Ministerio de Justicia se pretendería
también amedrentar a los ciudadanos y ciudadanas, cuando a muchos no les queda
otra opción que mostrar su rechazo a las políticas gubernamentales a través de
su participación en huelgas y manifestaciones.
6.
Resulta llamativa la coincidencia de este anuncio del Ministro Ruiz Gallardón
con la presentación de la convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre
ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
