Como consecuencia de la pandemia causada por el COVID19, el teletrabajo y el trabajo a distancia aumentaron entre un 0,1% y un 40% el pasado año en cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea (EU).
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), apoyaba el teletrabajo para la mayor cantidad de personas trabajadoras posible en estas circunstancias excepcionales, pero manifestó públicamente que haría un cercano seguimiento para garantizar que el tiempo de trabajo no acabe comiéndose el personal.
El propio Parlamento Europeo (PE) reconoció en enero de este año que el derecho a la desconexión es un derecho fundamental y reclamó a la CE la necesidad de implementarlo en toda la zona comunitaria, aunque votó una enmienda a favor de que se retrasase cualquier iniciativa durante tres años, enmienda no compartida por UGT, al no entender que un asunto de esta importancia tenga que esperar tal cantidad de tiempo para ser regulada.
La CES compartió esta idea y, en consecuencia, hemos exigido a la CE que esta norma no se posponga los mencionados tres años, ante las situaciones de abuso, stress laboral y vulneración del tiempo de trabajo que se están produciendo con el desarrollo del teletrabajo y el trabajo a distancia.
Desde el punto de vista jurídico, ninguno de los instrumentos internacionales y europeos existentes, contemplan el derecho a la desconexión. Por ello, es necesario garantizar y hacer cumplir los derechos de las personas trabajadoras a unas condiciones de trabajo justas, a la limitación del tiempo de trabajo, a la garantía de los periodos de descanso y vacaciones, incluido el ocio, y a la conciliación de la vida laboral, familiar y sobre todo a la seguridad y salud en el trabajo.
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