Varios miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid han participado en las Jornada Conjunta de UGT, Govern Illes Balears y Ajuntament e Palma sobre VIVIENDA.
En esta Jornada intervino Pepe Álvarez, Secretario General de UGT. En su intervención emplazó a los partidos políticos a hablar sobre vivienda y garantizar el derecho
constitucional frente a los intereses especulativos.
En esta Jornada también intervino Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. En su intervención apostó por aumentar la inversión en vivienda para que alcance niveles europeos.
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a los
partidos políticos que en este proceso electoral hablen del problema de la
vivienda y adquieran el compromiso de alcanzar un gran Pacto de Estado para
afrontar esta materia desde distintas perspectivas. “No se trata de quitar
competencias a las Comunidades Autónomas, ni a los Ayuntamientos, pero sí de
ver de qué manera hay un acompañamiento legal estatal y hay recursos estatales,
de las CCAA y los ayuntamientos, que nos permitan hacer frente a esta situación
insoportable que se vive en nuestro país.
Se trata de encontrar un lazo común para acotar el problema actual y
sobre todo buscar soluciones de futuro”.
Pepe Álvarez ha hecho estas declaraciones en la jornada
sobre vivienda conjunta organizada por UGT, Govern Illes Balears y Ajuntament
de Palma, en Palma de Mallorca.
Ha señalado que para UGT la vivienda se ha convertido en uno
de los elementos clave, pues los trabajadores y trabajadoras, en muchos casos,
no pueden asumir los gastos de vivienda. Ha puesto de ejemplo de que a pesar de
que en hostelería se ha negociado un buen convenio, los precios del alquiler en
determinadas zonas, como las Islas, hacen imposible que los trabajadores puedan
asumir el coste de la vivienda, pues les puede suponer hasta el 80% de su
salario. Esto termina repercutiendo en un turismo de calidad y en el conjunto
de los ciudadanos.
En este sentido, ha instado a establecer “un parque de
viviendas públicas protegidas, no vendibles, ni intercambiables”. Una
iniciativa que podría financiarse destinando una parte de la tasa turística,
por ejemplo.
El derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre los
intereses especulativos
Pepe Álvarez ha recordado que en España se han sumado todos
los defectos de un sistema que no garantiza el derecho constitucional a una
vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Un derecho recogido
también en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Parece que no hay manera” de posibilitar este derecho.
Todos los intentos se agravan ya sea por el alquiler de pisos turísticos,
porque los fondos buitres están haciendo su agosto a partir de la especulación
con vivienda protegida, que, en muchos casos, previamente se ha vendido a estos
fondos. Incluso a veces los tribunales
dan una de cal y otra de arena que es lo que viene sucediendo con las últimas
sentencias a nivel europeo.
Álvarez ha manifestado que “no se pueden ceder los derechos
de los ciudadanos a tener una vivienda digna a otros intereses que tienen un
carácter especulativo”.
Por eso, es el momento de dar un giro social a las políticas
de vivienda, poner en el centro las necesidades habitacionales de la población,
hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible y
establecer medidas que faciliten el acceso a los ciudadanos más vulnerables.
UGT defiende un modelo de política de vivienda y de ciudades
solidario e integrador, poner freno a la mala praxis de los fondos buitre y de
inversión, controlar la especulación que se hace con las viviendas vacías y al auge
de las viviendas turísticas y su competencia desleal.
En esta Jornada también intervino Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. En su intervención apostó por aumentar la inversión en vivienda para que alcance niveles europeos.
“Un estudio realizado por la Fundación Alternativas detalla que más del 90% de los solicitantes de Viviendas de Protección Oficial apuestan por alquiler asequible con una posterior opción de compra. El sindicato considera que España necesitaría más de un millón y medio de viviendas públicas y que debería establecerse un plazo de ejecución de 10 años para su construcción de manera que cada año hubiera 150.000 nuevas viviendas públicas”.
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera, ha realizado estas declaraciones durante la apertura de las jornadas sobre vivienda que el sindicato ha organizado en Palma junto al Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma donde ha destacado que “con carácter urgente se debe dar contenido social al parque inmobiliario que posee la SAREB y apostar por la financiación desde entidades con accionariado público como el ICO o, por ejemplo, la actual BANKIA cuyo 60% es del Estado”.
Mari Carmen Barrera ha subrayado la necesidad de llevar a cabo “reformas legislativas urgentes que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada, como un derecho real que se pueda invocar delante de los tribunales y los poderes públicos de manera que las situaciones de desahucio, de lanzamientos por impago o ejecuciones hipotecarias puedan tener un tratamiento diferente al que tienen actualmente judicialmente hablando”.
“Porque aunque ya no se habla de ello en los medios de comunicación, sigue habiendo desahucios en España. De hecho, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial tasa en casi 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y casi 19.000 por ejecuciones hipotecarias” ha recordado.
“Ese es el drama de la vivienda en España al que hay que darle una solución que pasa por unas políticas que, a futuro, consigan dar una respuesta desde lo social, con una participación de la financiación de lo público a través del ICO y con una serie de medidas que doten de transparencia a un mercado absolutamente opaco y que ha favorecido todo tipo de especulaciones y la creación de una tremenda burbuja inmobiliaria” ha añadido.
“Queremos que haya más transparencia, mejor gestión desde lo público, control de precios de los alquileres y que, en definitiva, no haya abusos y que los ciudadanos que necesiten una vivienda en condiciones dignas pueda acceder a ella” ha añadido.
Situar el problema en la agenda política y social
La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha manifestado que, en este momento, “es necesario poner el problema de la vivienda en la agenda política de cara a las elecciones para que, una vez que se celebren los comicios, se pongan en marcha políticas sociales en materia de vivienda”.
“Durante la recuperación económica, entre 2014 y 2018, el precio de las viviendas ha crecido hasta un 26% y el precio de los alquileres hasta un 30%, sin embargo, los salarios han crecido tan sólo un 2,1%. Una situación de absoluta desventaja para los trabajadores porque se puede decir que con la recuperación han crecido los precios de los alquileres hasta 15 veces lo que han crecido los salarios”.
Por eso “es necesario que la inversión en vivienda alcance los niveles europeos y que la dotación de los parques públicos de viviendas sociales alcances cifras como las de Alemania, con un 57%, Holanda, con un 47%, o Inglaterra que tiene hasta un 20% de vivienda social”.
Más vivienda social
Mari Carmen Barrera ha afirmado que “ahora es el momento de potenciar las políticas que convertirán a la vivienda en un bien social, con el importante efecto que esta tiene sobre la integración social y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y porque cientos de miles de familias en nuestro país no pueden esperar más”.
“Es absolutamente necesario” ha explicado, “que se dote a nuestro país de un parque social de vivienda, gestionado por instrumentos públicos con total transparencia y condiciones igualitarias en todo el país y conseguir que se dote a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y búsqueda de rentabilidad con su tenencia, tratando de implementar una política de precios de alquiler”.
“Además, es imprescindible que haya mayor transparencia de un mercado, el inmobiliario, cuya opacidad ha favorecido el abuso y la especulación. Para ello hacen falta estadísticas públicas, hasta ahora inexistentes, de precios que permitan actuar sobre los mismos, controlando las subidas abusivas a través, por ejemplo, de la creación de un registro estatal de alquileres turísticos para su control impositivo”.
“Hace falta una política mucho más decidida de rehabilitación de viviendas y todo ello con un incremento importante de la financiación de la vivienda ya que, en los últimos años, el gobierno la ha reducido prácticamente a cero. El porcentaje del PIB que se destina a vivienda tiene que alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB pues sin inversión pública no se pueden solucionar los problemas de acceso a la vivienda y de condiciones dignas. Ese es el camino que desde UGT queremos labrar contando con esta jornada como una herramienta más en el mismo.” ha finalizado.
Así mismo, esta Jornada fue clausurada por José Luis Ábalos, Ministro de Fomento.
