Durante la reunión UGT ha puesto encima de la Mesa aquellas situaciones que en forma global inciden negativamente sobre los vigilantes de seguridad privada y que merecen del compromiso político en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones.
Trasladar una contratación pública socialmente responsable a la Asamblea de Madrid debe convertirse en un objetivo prioritario tanto en el final como en el inicio de la próxima legislatura. La seguridad privada y el país en general debe avanzar hacia un tejido empresarial compro metido con la calidad de sus servicios y con garantías suficientes de empleo para sus trabajadores y trabajadoras, situaciones como las acontecidas y promovidas desde el PP de falta de aplicación de la propia Ley de Contratos merece respuesta sindical y compromiso político. El PP en la Asamblea de Madrid, debe dar respuesta a una serie de contratos celebrados con carácter de urgencia evitando concurrencia publica y adjudicados a empresas que han sido condenadas en la Audiencia Nacional por una inadecuada aplicación de su Convenio de Empresa.
