La propuesta de reforma del mercado de las telecomunicaciones presentada por la Comisión Europea con motivo del debate sobre el Estado de la Unión –celebrado el pasado 14 de septiembre–, representa una profunda revisión del denominado Paquete Telecom, que data del año 2002. Desde entonces, el contexto y el panorama del sector de las telecomunicaciones han cambiado de forma radical. Demasiado tiempo hemos esperado los europeos para una reforma tan necesaria como urgente.
El nuevo marco legislativo que se propone, denominado Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que fusiona cuatro directivas de telecomunicaciones existentes, trae consigo novedades que, desde UGT, queremos valorar:
En general, la propuesta de la Comisión es positiva; incluye aspectos reivindicados por UGT desde hace más de un lustro, como la universalización de la banda ancha y la activación de medidas correctoras a la segunda brecha digital. No obstante, aún es preciso concretar la financiación y los reglamentos que vertebrarán este proceso, sobre todo cuando EEUU lleva casi 5 años de ventaja a la Unión Europea en estos aspectos.
En referencia al empleo, la propuesta de la Comisión Europea no hace mención alguna a cómo impactará su plan en este ámbito. Como venimos denunciando desde UGT, los reguladores europeos y españoles siguen cometiendo el incomprensible e inaceptable de error de no tener en cuenta las repercusiones de sus propuestas legislativas en el empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector de las comunicaciones. Por ello, insistimos en la necesidad de que la regulación impulse un crecimiento económico basado en la creación permanente de empleo de calidad, consolidando una competencia sectorial que sirva como instrumento que garantice el empleo. No sólo se debe invertir en redes, también en personas. Además, debe consolidarse la universalización de la telefonía móvil para colectivos vulnerables o la creación de nuevos derechos de los usuarios, como la propuesta de UGT de implantar un Medidor de Velocidad, tal y como han realizado otros países de nuestro entorno.
En cuanto a la protección de las inversiones en nuevas redes, consideramos acertado el enfoque de la Comisión, así como en el impulso que se pretende dar a las ayudas públicas; aunque, de nuevo, habrá que ver la letra pequeña y qué partida presupuestaria se reserva para dar servicio a las denominadas zonas blancas o insuficientemente atendidas, sobre todo considerando el ejemplo de España, que ha destinado unos paupérrimos 63 millones de euros a la extensión de la banda ancha en el último ejercicio, mientras que Alemania ha destinado 4.000 millones en cinco años.
Por otro lado, nos genera muchas dudas la iniciativa WiFi4EU, tanto en el fondo como en la forma. Si lo que se pretende es dar cobertura de Wifi público y gratuito, 120 millones de euros de presupuesto para toda la Unión es una cifra claramente insuficiente. Desde el punto de vista del fondo, no podemos compartir que se destine dinero público para que las administraciones ofrezcan una conexión limitada en velocidad y cobertura, mientras existan miles de personas sin conectividad por falta de recursos económicos o de cobertura de redes de última generación.
Finalmente, valoramos de forma muy positiva los intentos de la Comisión por mejorar la coordinación en la asignación de espectro radioeléctrico. UGT ha sido pionera en solicitar al Gobierno del Partido Popular una ordenación de los dividendos digitales. Ahora los hechos nos dan la razón y los ciudadanos tendrán que volver a soportar una reantenización que hubiese sido innecesaria. UGT volverá a reclamar al próximo Gobierno que asuma los costes de este proceso, tal y como hicimos en la ocasión precedente.
