El Ayuntamiento impuso tres sanciones económicas de 500, 700 y 400 euros respectivamente de cada uno de los días que hubo protesta delante del hotel alegando contaminación acústica por el uso de silbatos y un megáfono.
Hay que recordar que se trató de una concentración legal, notificada en tiempo y forma a la Delegación de Gobierno que no puso ningún impedimento, en la que se reivindicaba los salarios y puestos de trabajo por el expediente de regulación de empleo de la plantilla del Hotel Courtyard Marriott Princesa. Con 55 despedidos a los que ni siquiera les han abonado las indemnizaciones mínimas y debiendo las tres últimas nóminas, lo normal es que los compañeros/as protesten.
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