1.- Ningún trabajador ni trabajadora sin protección. La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la individualización de las relaciones laborales dificultan el ejercicio efectivo de derechos. Las reformas laborales son incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el resto de normativa preventiva.
2.- Accidentes de trabajo. El abandono de la actividad preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un cumplimiento meramente formal de la normativa, junto a los recortes aplicados durante los años de crisis está provocando un repunte de los accidentes de trabajo, un claro indicio del deterioro de los sistemas preventivos.
Recuperar la iniciativa pública es imprescindible para que en el siglo XXI dejen de producirse muertes por caídas en altura, atrapamientos o accidentes de tráfico como venía sucediendo en épocas pasadas.
3.- Enfermedades de origen laboral. Las enfermedades profesionales continúan siendo las grandes ignoradas, pero los datos no solo reflejan una subdeclaración muy grave sino que, sobre todo, evidencian la incapacidad de nuestro modelo preventivo en lo que respecta al cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras y de la protección social hacia aquellos que la pierden. Lo que no se registra ni existe ni se previene.
Son necesarios cambios en el sistema de notificación y registro para que deje de depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
4.- Garantizar la equidad. La OMS reconoce que la desigualdad es uno de los determinantes sociales de salud más importantes. Dónde y cómo se trabaja, la forma de acceder al empleo o las tasas de desempleo y de temporalidad condicionan la exposición de determinados colectivos (mujeres, jóvenes, migrantes…) a los riesgos laborales y determinan su estado de salud.
En los últimos tiempos también venimos observando que el estado de salud se está convirtiendo en un factor de estigmatización y de discriminación laboral, tanto en el mercado de trabajo como en las propias empresas. Para garantizar la equidad son precisos cambios legislativos, empezando por la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
5.- Independencia y calidad de los Servicios de Prevención. La continua presión que sufren los técnicos de prevención desdibuja la independencia de los Servicios de Prevención establecida en la LPRL, convirtiéndolos en muchos casos en instrumentos al servicio de las empresas. Se hacen necesarias modificaciones legales que garanticen el desempeño profesional de los técnicos, la independencia de Servicios de Prevención y, al mismo tiempo, el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones.
6.- Vigilancia de la salud para proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores. La vigilancia de salud es un derecho de las trabajadoras y los trabajadores, y junto a la epidemiología laboral es una herramienta indispensable para prevenir los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo, asistimos a un intento de convertirla en una herramienta disciplinaria y de ajuste de plantillas.
Para preservar el derecho constitucional a la salud se debe garantizar la independencia de los profesionales sanitarios que la llevan a cabo, la confidencialidad de los datos y la voluntariedad, salvo en aquellos casos regulados por una norma específica.
7.- Reforzar a los organismos técnicos de las Administraciones. Es absolutamente imprescindible fortalecer los instrumentos de investigación y de lucha contra la siniestralidad: el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y los jueces, y la policía judicial y local.
8.- Transformación del modelo de Mutuas. Se deben revertir las últimas modificaciones legales del sistema de Mutuas subrayando su carácter público, intensificando el control de la Seguridad Social, mejorando la participación de la representación de los trabajadores en su elección, y remarcando que sus objetivos prioritarios son la prevención de riesgos laborales y la reparación de los daños ocasionados por el trabajo frente al control de los costes económicos y la mejora de la competitividad de las empresas.
9.- Reforzar y potenciar las políticas públicas en prevención de riesgos laborales. Las políticas que se vienen desarrollando en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y de la potenciación de la salud en los centros de trabajo, han demostrado su eficacia, por lo que se necesita darles continuidad consensuando y firmando actuaciones conjuntas entre la administración y los agentes sociales, tanto a nivel nacional con la Estrategia Española de Seguridad y Salud, como en el ámbito autonómico con el IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, ya que se configuran como instrumentos colectivos de gran valor, e insustituibles, que hay que seguir defendiendo para apoyar la implantación de la prevención en las empresas y proteger la salud de todos los trabajadores y trabajadoras.
10.- Impulso a la democratización en las relaciones laborales. La democracia en la empresa pasa por reforzar los derechos de participación y consulta de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, de las delegadas y delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud.
Todos los estudios sobre prevención han demostrado la existencia del “efecto sindicato”: las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente en las empresas con presencia sindical.
Estamos ante unas elecciones autonómicas que deben garantizar los acuerdos y las políticas en la línea de las que se tomaron el 27 de abril de 2006, con el objetivo de que ningún trabajador o trabajadora pierda la vida o la salud por trabajar.
