Los
suizos han expresado hoy de forma aplastante en referéndum que quieren limitar
los salarios excesivos y otros "paracaídas dorados" de los directivos
de las grandes empresas al aprobar por el 67,9 por ciento de los votos acotar
sus remuneraciones.
En
una votación histórica por su contenido, pero también por su forma -los 26
cantones sin excepción han votado a favor- los helvéticos han decidido que sean
los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus
remuneraciones.
La
campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas
de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas saldrían a instalarse al
extranjero y que se perderían miles de empleos no ha surgido efecto, y el
pueblo ha defendido la iniciativa Minder -en referencia a Thomas Minder, el
senador que la propuso- o más directamente como la "iniciativa contra los
salarios abusivos".
Sólo 762.000 votantes
dijeron "no", mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron
la iniciativa.
En
resumen, la iniciativa pretende poner límite a los salarios que cobran los
directivos de grandes compañías a través del control y el aval de los
accionistas.
Una
vez su entrada en vigor -el gobierno tiene un año para redactar la normativa-
la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la
bolsa suiza o en el extranjero.
La
junta general de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de
Administración y a sus miembros; además, se pronunciará anualmente sobre las
remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité
consultivo.
Asimismo,
la nueva ley, prohibirá que los miembros de los órganos directivos no reciban
ni indemnización de partida, conocidos como los "paracaídas dorados",
ni primas por contratación.
Además,
cuando los directivos partan no podrán obtener ninguna remuneración anticipada,
ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.
Los
estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y
las participaciones, y los créditos y los préstamos que se les puedan entregar
a la dirección.
Conscientes
del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no
olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen las disposiciones de la
misma: cuando se viole lo establecido, la falta será sancionada con una pena
privativa de libertad de tres años de máximo y del pago de hasta seis
remuneraciones anuales.
