Los
despidos colectivos siguen aumentando año y medio después, pese a las promesas
del Gobierno. La ministra Bañez comparece esta semana en el Congreso para
presentar el informe que el Ejecutivo esgrime para asegurar que sus medidas han
evitado 225.000 despidos.
Las
facilidades concedidas a los empresarios en la última reforma laboral han
propiciado la puesta en marcha de 48.801 expedientes de regulación de empleo
(ERE) entre febrero de 2012 y junio del presente año, a razón de 90 cada día. A
raíz de ese polémico cambio normativo, que suprimió la autorización
administrativa previa y redujo sustancialmente las indemnizaciones, el ritmo
del ajuste de plantillas casi se ha duplicado, pues la media de 2011 había sido
de 58 ERE diarios.
Según
datos oficiales, el número de trabajadores afectados también ha crecido de
forma brutal durante el último año y medio, hasta alcanzar los 653.368, más que
en 2010 y 2011 juntos. Además, los despidos no han dejado de aumentar gracias a
la flexibilidad introducida, contrariamente a lo anunciado por el Gobierno para
justificar la reforma. Como habían advertido los sindicatos y algunos partidos
de la oposición, miles de empresarios la han aprovechado a fondo para
deshacerse de personal con un coste menor que antes.
El
crecimiento de los despidos colectivos favorecido con la reforma laboral
contrasta con el mensaje oficial desde el Gobierno de que sus medidas han
evitado un mayor deterioro del empleo. Precisamente, este jueves la ministra
del ramo, Fátima Bañez, comparece en el Congreso para presentar un informe de
evaluación de la reforma laboral que, según aseguró a finales de junio y sin
más explicación, ha evitado 225.000 despidos.
Marcha atrás
Mientras
que en los dos últimos años de Zapatero las víctimas de despidos colectivos
fueron 52.534 y 67.981, respectivamente, en 2012 la cifra se disparó a 82.876 y
el primer semestre de 2013 cerró con 39.909 más. Este dato es peor incluso que
el del periodo comprendido entre enero y junio del año pasado, cuando la
reforma laboral estaba en pleno apogeo, a pesar de que el volumen total de
expedientes de regulación de empleo experimentó un descenso del 15% en términos
intersemestrales.
La
explicación de tal descenso estriba en el retroceso de los ERE que no conllevan
la extinción de contratos y que, según el Gobierno, iban a verse favorecidos
por el nuevo marco legal. En la primera mitad de 2013, la suspensión temporal
de empleo recayó sobre 116.780 trabajadores, frente a los 145.828 del año
anterior. Y vieron recortada su jornada laboral 43.880, es decir, 7.376 menos
que en 2012. Cosa que, en opinión de los expertos, sólo admitiría una lectura
positiva si los despidos también hubieran bajado.
Por
otra parte, la supresión de la
autorización administrativa previa, que con la legislación anterior era casi
automática si el ERE había sido pactado, ha hecho que aumenten los expedientes
que se cierran sin acuerdo entre la empresa y los representantes sindicales y,
por tanto, con peores condiciones para los trabajadores. De 1.796 en 2011 se
pasó a 2.920 en 2012, con un incremento superior al 60%. En el caso de los
ERE de extinción, el número de despedidos en esas circunstancias se duplicó.
